Unas 24 personas de nacionalidad boliviana fueron rescatadas de cuatro talleres textiles clandestinos que funcionaban en Tres de Febrero. Diez eran menores.
Unas 24 personas de nacionalidad boliviana, entre las que se encontraban 10 menores de edad, seis mujeres y ocho varones, fueron rescatadas en las últimas horas de al menos cuatro talleres textiles clandestinos que funcionaban en dos localidades del partido de Tres de Febrero: tres en Caseros y el restante en Ciudadela.
A su vez, se procedió con la detención de una pareja (hombre y mujer) acusados de regentear estos centros y que quedaron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Los allanamientos estuvieron a cargo de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Taller textil clandestino en Tres de Febrero.
Además, se secuestró dinero en efectivo, vehículos e insumos para la confección de indumentaria, entre otros elementos. La causa comenzó hace dos meses en Salta bajo la dirección regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de los fiscales generales José Eduardo Villalba y Diego Iglesias.
Las víctimas trabajaban en malas condiciones laborales y en algunos casos sufrían maltratos por parte de sus “empleadores”, como por ejemplo el hecho de recibir una sola ración diaria de alimentos. Quienes no vivían dentro de los inmuebles, ingresaban a las 5 de la mañana y no se les permitía salir durante toda la jornada.
Asimismo, se supo que algunos de los damnificados cobraban como sueldo bajas sumas de dinero de manera informal. Los oficiales decomisaron 3.100 dólares, 1.471.170 pesos, 37 máquinas de coser (casi todas industriales), numerosas prendas de vestir ya producidas, piezas cortadas para confeccionarlas, retazos, rollos de telas, bobinas e hilos.
Otros elementos que quedaron incautados son dos camionetas utilitarias de gran porte, 12 celulares, una computadora y un CPU. Los dos aprehendidos también son bolivianos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Garantías número 2 de Salta, a cargo de la magistrada Mariela Alejandra Giménez.
Fuente: Vivieloeste